Desde mediados de octubre se viene instalando un trabajo intersectorial tendiente a redireccionar la oferta pública hacia las mujeres privadas de libertad de la región de Aysén. Dicho espacio cuenta con la participación de autoridades y representantes de diferentes instituciones públicas.
El 15 de diciembre se realizó la primera jornada de trabajo colaborativo de la recientemente creada Mesa Mujeres Privadas de Libertad de la región de Aysén, instancia liderada por la SEREMI de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela, la cual tiene como objetivo fundamental contribuir en la permanencia digna de las condenas de esta población penal redireccionando la oferta pública existente en la región.
En la oportunidad, la Seremi de la cartera se refirió a la gestación de este espacio “emana por un lado del diagnóstico nacional con respecto a que la situación de las mujeres privadas de libertad posee particularidades y complejidades diferenciadas con respecto a los varones, lo cual dice relación con la mayor sanción social hacia el delito, el abandono familiar, la desvinculación con hijos/as y condiciones carcelarias segregadas por razones de género. Pero también de la recepción de experiencias e informes provenientes del personal de Gendarmería, la Defensoría Penal Publica y de las mismas mujeres del Centro Penitenciario de Coyhaique, a quienes hemos visitado regularmente desde que asumimos como Gobierno”.
En cuanto a la conformación y la metodología de trabajo de la Mesa, Andrea Méndez explicó que con la colaboración del personal de Gendarmería y la Defensoría Penal Publica más la sistematización de los encuentros sostenidos con mujeres privadas de libertad, se ha levantado un conjunto de requerimientos susceptibles de ser abordados por diferentes ministerios y servicios. Ante ello, se han convocado y entregado diferentes compromisos para que se pueda evaluar la viabilidad de focalizarlos hacia esta población. Entre estos, se encuentran las secretarias ministeriales de Educación, Justicia, Desarrollo Social y Salud, también representantes de la Unidad de Género de la Universidad de Aysén y representantes del Gobierno Regional, entre otros.
Eugenio Barrios Herrera, psicólogo de Gendarmería, comentó que para la institución “los procesos de reinserción para las mujeres muchas veces representan un desafío mayor, puesto que no sólo se trabaja directamente con la persona si no que las mujeres en general presentan una serie de características y necesidades que están asociadas a su entorno y su contexto. Entonces, en la medida que podamos ampliar las redes, favorecer estos espacios participativos, podamos reincorporarlas dentro de un tejido social a las mujeres que están privadas de libertad y sus familias, podemos pensar en un futuro positivo en materia de reinserción y de poder potenciar a estas personas como agentes participativos de la sociedad alejados del delito.”
Cristian Cajas Silva, Jefe Regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública, se refirió finalmente a la situación de las mujeres privadas de libertad respecto de cómo la reinserción social presenta características propias, distintas de los varones en igual condición. Ejemplificó que “en el caso de los varones cuando sufren prisión preventiva, o una pena privativa de libertad, ellos siguen siendo visitados por sus madres o parejas. Cuestión diferente de las mujeres privadas de libertad, que son abandonadas por sus parejas. Así mismo, en el caso de las mujeres, no solamente les afecta a ellas la privación de libertad, sino que también a sus hijos, niños, niñas y adolescentes, dado que en esa etapa de la vida normalmente la dependencia, el vinculo principal es con las madres antes que con los padres”.
Se proyecta para el 2023 realizar hoja de ruta que sistematice todos los compromisos hacia la población penal femenina y la visita de diferentes autoridades al Centro Penitenciario de Coyhaique.
