El parlamentario enfatizó que la Ley Lafkenche no puede ser “una camisa de fuerza” que termine por impedir el legítimo de desarrollo de distintas actividades
“Esto es querer cercenar y asfixiar el desarrollo productivo de la zona austral”. Así lo afirmó el senador David Sandoval al referirse al intenso debate generado por las solicitudes de constitución de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en Islas Huichas y Cisnes y que deben ser analizadas este jueves por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC).
Sandoval indicó que Aysén tiene una eminente vocación pesquera “y dentro de ello, una eminente vocación acuícola, lo que ha generado esta enorme presión de algunos grupos, porque lo ven como una amenaza para el medioambiente”, enfatizando que considera imposible que la CONADI reconozca el uso consuetudinario para 50 personas, de un maritorio de más de 600 mil hectáreas. “No hay ninguna comunidad indígena que haya tenido ese rol y ese nivel de influencia en el territorio de la región de Aysén. No existe ni histórica ni antropológicamente estudios que avalen una situación de esta naturaleza”, puntualizó.
Y si a eso se agregan, precisó, las omisiones y los errores desde el punto de vista formal, como las observaciones que hace la propia Contraloría -a solicitud de consejeros regionales como Omar Muñoz y Lilian Inostroza-, la constitución del propio consejo regional de uso del borde costero, “aquí hay que poner el acento esencialmente en el enorme impacto que tiene una actividad de esta naturaleza”.
Para el parlamentario además, la Ley Lafkenche no se puede transformar en “una camisa de fuerza” que termine por impedir el legítimo derecho de desarrollo que tienen tanto otras comunidades de pueblos originarios como representantes de otros sectores productivos a nivel regional.
“Esto hay que corregirlo”, subrayó, para lo cual hay un proyecto de ley que se está tramitando precisamente en el Senado, que establece algunos mecanismos de procedimiento. “Hay que hacer un cambio formal al contexto global de la Ley Lafkenche”, precisó, cuestionando que aquí “alguien simplemente encontró una veta, un espacio para vincular otro tipo de intereses y a través de eso poner en conflicto productivo a toda la zona austral de nuestro país con diferentes sectores”.
Con todo, el legislador considera que el pronunciamiento que debe realizar el jueves el CRUBC se realice sobre la base de antecedentes reales y objetivos. “Y hay un cúmulo de antecedentes tanto técnicos, históricos como formales”, señaló.
“Yo creo que el consejo, si no lo rechaza (las ECMPO), debe postergar cualquier decisión y requerir todos los antecedentes formales, a la brevedad posible”, concluyó.
