El Servicio de Impuestos Internos (SII) volvió obligatorio la entrega de una representación impresa de una boleta electrónica y/o comprobantes de pago, con el fin de que las personas cuenten con un comprobante de sus compras realizadas en los comercios y, a su vez, combatir la elusión.
Sin embargo, esta decisión traería consigo la salida de circulación de cientos de miles de máquinas de pago (POS), debido a que una parte de ellas no cuentan con el modo de impresión de comprobante.
Según cifras consignadas y reveladas por Chócale, se trata de más de 600 mil equipos que no podrían operar en línea con lo dispuesto por Impuestos Internos.
Muchas pymes y pequeños comercios suelen recurrir a este tipo de máquinas, dado los menores costos iniciales que esto representa, y también el ahorro a largo plazo debido a que no necesitan la compra de rollos de papel para impresión de boletas, junto con la facilidad en su uso.
El efecto por resolución del SII: más de 600 mil máquinas de pago quedarían obsoletas
Fue el 20 de enero que el SII señaló que desde el 1 de mayo, todo el comercio deberá entregar comprobantes y boletas físicas en cada una de las ventas que se hagan de bienes o servicios.
Y si bien también se podrán emitir boletas electrónicas e incluso enviarlas por medios como WhatsApp, esto es solo complementario y no reemplaza la obligatoriedad de la impresión de boletas.
Según el Servicio, la medida busca que las personas puedan tener un respaldo de las compras y asegurar que “el impuesto que pagan en cada compra llegue al Estado”.
Críticas del ecosistema de pagos
Sin embargo, la resolución no ha venido exenta de críticas, y ahora son los mismos actores del ecosistema de pagos quienes muestran su rechazo.
Resulta que si bien son reconocidas las máquinas de pago que entregan un pequeño comprobante, también hay un sector del comercio que ocupa las llamadas mPOS (Mobile POS), más pequeñas y que no cuentan con sistema de impresión.
A esto se pueden añadir las aplicaciones de pago que funcionan escaneando un QR o usando celulares.
En este sentido, Chócale recogió diversas reacciones, una de ellas de la propia Transbank, quien señaló que lo dispuesto por el SII “contradice su propio criterio”, afirmando que en 2022 se consultó al respecto y el Servicio señaló que “cumpliéndose ciertos requisitos, la impresión del voucher o boleta era una decisión del comercio”.
Y en línea con críticas anteriores, la principal empresa de medios de pago apuntó a los nuevos costos que se verían sometido las pymes y el comercio, al punto incluso de tener que “modificar sus sistemas actuales.
SumUp Chile, en palabras de su gerente comercial, Sebastián Áviles, también advirtió que la resolución sería un obstáculo a la integración tecnológica en las pymes y que repercutiría “en la capacidad de pequeñas empresas para mantenerse competitivas en un entorno altamente digitalizado”, afirmó a Chócale.
El CEO de Klap, Raúl Sapunar, sostuvo por su parte que se debe aclarar la aplicación de la medida, dado que la digitalización “debe seguir contribuyendo” a la formalización y cumplimiento de las obligaciones tributarias, algo que el Gobierno ha enfatizado en el contexto del Pacto Fiscal y la Ley Antievasión.
Y a su vez, Mercado Pago y TUU cuestionaron ante el medio especializado el impacto ambiental de esta medida, en cuanto a la sostenibilidad que representa la impresión de boletas físicas.
En los gremios del comercio, surgieron reacciones contrapuestas a la disposición del SII.
Por un lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, dijo a La Radio que la medida resulta positiva, porque “desincentiva la evasión del IVA”, pero sostuvo que también se debe educar a los compradores respecto a exigir la emisión de boleta.
Sin embargo, el economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (UDD), Carlos Smith, apuntó sobre un posible aumento de costos “de algunas empresas, particular las microempresas y pequeñas empresas”.
Gremios como FinteChile -que agrupa a empresas tecnológicas o “fintech”-, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), o la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) también enfatizaron a Chócale los impactos y/o riesgos que el dictamen podría generar para las empresas, tanto en la adopción del uso de efectivo -afectando la trazabilidad y el control tributario-.
En el caso de Achiga, su presidente, Máximo Picallo, cuestionó también el hecho de que el SII pida obligatoriamente la impresión de boleta, considerando que “la capacidad de control de Impuestos Internos es infinitamente mayor que cuando la boleta era manual”, dada la digitalización de los procesos.
Por Franco López.
Fuente: biobiochile.cl
