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Iniciativa ingresó en 2018 y hoy cobra nueva actualidad en línea con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que ha determinado un potencial energético renovable de 70 veces la demanda actual y que dentro de sus insumos fundamentales está el agua desalinizada.
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La Iniciativa no profundiza en los impactos ambientales de este tipo de infraestructuras, que está establecido tienen graves efectos en la biodiversidad marina más aún con el horizonte que se ha establecido para el hidrógeno industrial que requeriría múltiples megaproyectos de este tipo.
Hace poco más de cinco años, el 25 de enero de 2018, ingresó tramitación en el Senado el proyecto de ley que busca viabilizar «el uso de agua de mar para desalinización», mediante la modificación del DFL 340, de 1960 que regula las concesiones marítimas a cargo de la Subsecretaría de Marina.
La iniciativa, impulsada originalmente por la senadora Isabel Allende Bussi (PS), y sus ex colegas Adriana Muñoz D’Albora (PPD), Felipe Harboe Bascuñán (PPD), Alejandro Guillier Álvarez (ind) y Jorge Pizarro Soto (DC), fue aprobada en general en septiembre de ese año, procediéndose a discutir la normativa en particular en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
A pesar de haber avanzado en su perfeccionamiento durante cuatro años de tramitación en la comisión, dos días antes del término del gobierno de Sebastián Piñera, el 9 de marzo de 2022, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que reemplaza completamente el proyecto. En lo principal, sacó las concesiones para el uso de agua de mar de la esfera de la Subsecretaría de Marina y la alojó en la Dirección General de Aguas. Estas concesiones serán por 30 años, prorrogables.
Tras más de un año de espera, durante el mes de octubre la Comisión sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía (que hoy es permanente) realizó tres sesiones para discutir el proyecto. Esto, luego que en mayo se conformara una mesa técnica entre el Ministerio de Obras Públicas y lo/as asesore/as de los senadores de dicha instancia: Isabel Allende Bussi, Carmen Gloria Aravena Acuña (Rep), Juan Castro Prieto (ind. RN), Sergio Gahona Salazar (UDI) y Esteban Velásquez Núñez (FREVS).
En general, la iniciativa mandata al Estado a elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización que «promueva el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, que posibilite distintos usos, priorizando la disponibilidad para el consumo humano y el saneamiento, con una extracción, tratamiento y disposición final que cautele los ecosistemas y el uso armónico y sustentable del borde costero».
Asimismo, determina que «los proyectos para la extracción de agua de mar y/o desalinización estarán sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental que regula la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente determinará los umbrales de ingreso de dichos proyectos». Esto, dado que actualmente la norma no obliga a ingresar al sistema las desalinizadoras como tales sino por otros aspectos ambientales.
Los principales impactos ambientales de las desalinizadoras están concentrados en el proceso de succión de agua de mar, que arrastra fitoplancton, invertebrados y peces, afectando los ciclos reproductivos, la abundancia y biodiversidad marina. Similar a lo que ocurre con la pesca de arrastre.
Otro aspecto crítico es la disposición de los desechos, principalmente la sal, dado que por cada litro de agua se genera 1,5 litros de salmuera. Eso afecta los niveles de salinidad y temperatura del mar, además de reducir la solubilidad del oxígeno, entre otros impactos.
Ya en 2015 se había presentado una iniciativa para facultar al Estado para construir plantas desalinizadoras, el cual fue archivado en enero de 2021. Y hace pocos días ingresó otro proyecto para obligar al ingreso al SEIA de este tipo de infraestructuras.
Agua de mar para el hidrógeno
A marzo de este año existían en Chile 22 plantas de este tipo, de las cuales sólo tres son para consumo humano, nueve para procesos mineros y diez para otras industrias.
Esta cifra podría dispararse producto de la ofensiva que busca transformar a Chile en productor mundial de hidrógeno industrial (llamado hidrógeno verde), que requiere además de infraestructura como puertos, caminos, campamentos, múltiples mega proyectos de energías renovables y plantas desalinizadoras ya que no se considera viable usar agua dulce. Las expectativas son altas: la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde ha determinado un potencial energético renovable de 70 veces la demanda actual, la cual se prevé será fundamentalmente para producir hidrógeno.
Desde Chile Sustentable se ha recordado que esta industria «se desarrollará en Chile en virtud del Acuerdo Económico de la Unión Europea para el acceso a nuestros minerales y recursos naturales estratégicos, y alimentar la transición energética de Europa sin modificar ni reducir sus patrones de consumo». Además, ha alertado que «el mapa del despliegue territorial de la industria H2 está zanjado, y los inversionistas están esperando que se les otorgue créditos tributarios, se les reduzca los riesgos, les habilite tecnologías, les capacite trabajadores, les construya puertos y provea terrenos fiscales».
Este proyecto de ley, precisamente, va en la línea de proveer terrenos fiscales y el acceso a un bien nacional de uso público como es el agua de mar para fines privados empresariales.
