Para la Diputada Marcia Raphael este instrumento –que es “la puerta de entrada” para los diversos beneficios y programas sociales del Estado, debería considerar factores que van más allá de los aportados por cada hogar y las bases administrativas del Estado. “En Aysén las condiciones como el aislamiento y la falta de conectividad deberían ser consideradas como prioritarias para calificar en los diversos tramos de vulnerabilidad existente. No es lo mismo vivir en Coyhaique o Puerto Aysén que en el resto de la región. Un hogar de Chile Chico situado en el tramo del 50%, en los últimos 24 meses ha aumentado su vulnerabilidad, por las continuas fallas de las barcazas, el alza de los productos de la canasta básica, y la imposibilidad de transportarse adecuadamente hasta Coyhaique, entre otras situaciones. Esto mismo ocurre en otras localidades de la región donde la salud, educación y un largo etcétera, afectan la situación de vulnerabilidad de las familias de Aysén”, detalló la diputada Marcia Raphael.
“¿Qué buscamos con esto? Que se entienda que, en Chile Chico, Villa O’Higgins o en el litoral, por ejemplo, presentan problemas de aislamiento y conectividad conocidos por todos. Sin embargo, estos mismos factores no son claves a la hora de evaluar en cuál de los siete tramos del RSH debe calificarse un hogar. Porque finalmente, el instrumento categoriza igualmente a quienes viven en Santiago, Coyhaique y Puerto Aysén, no considerando las condiciones diferenciadoras de un hogar en las localidades más extremas de nuestra región”, ahondó Raphael.
De acuerdo a los datos de junio de este año el Registro Social de Hogares (RSH) en la Región de Aysén individualiza a 52 mil 463 hogares, que suman 105 mil 864 personas
En este sentido, la apuesta de la Diputada Marcia Raphael es pedirle al Gobierno dar una potente señal de descentralización, accediendo a tener un Registro Social de Hogares regionalizado para lo cual tiene programada una reunión con la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia -cuya función específica es el diseño, la coordinación y la evaluación de las políticas sociales del Gobierno para contribuir a mejorar la focalización del gasto social.
Finalmente, la parlamentaria señaló que se hace necesario revisar este instrumento dado que en la practica no refleja la realidad económica de las familias. “En terreno, me encuentro a menudo con personas que sorpresivamente se encuentran dentro del quintil más alto, y sin embargo son familias que no tienen vivienda propia donde el arriendo es un gasto importante y/o tienen un integrante de la familia con enfermedad crónica y, sin embargo, están en el 80%, lo que les impide acceder a los beneficios y programas sociales. Sin duda esta situación es cada vez más recurrente y la debemos cambiar”.
