Esto tras la aprobación de indicación en la Ley de presupuestos que prohibirá acceso a gratuidad a alumnos sancionados por Ley Aula Segura
La diputada de RN por la región de Aysén e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara valoró la aprobación que prohibirá el acceso a la gratuidad a los estudiantes que sean sancionados por actos graves de violencia en el marco de la Ley Aula Segura. La iniciativa, que apunta a fortalecer la seguridad y convivencia en el sistema educativo, fue respaldada por los legisladores como un avance necesario para asegurar que los recursos públicos sean destinados a quienes valoran el entorno escolar.
En este contexto, la parlamentaria cuestionó la intervención del Ejecutivo para que la votación de la indicación se realizará de manera separada del proyecto principal. “Es preocupante que el gobierno busque diluir la importancia de esta medida mediante maniobras de votación separada. La indicación es clara y representa una demanda de los apoderados y docentes por una educación más segura y justa para todos. No es justo que los chilenos financien a través de sus impuestos y su esfuerzo diario la educación de alumnos que se dedican a delinquir y no a estudiar”.
Por su parte, la diputada Marcia Raphael subrayó el impacto positivo de la medida en la comunidad educativa:
“La educación debe ser un espacio seguro y libre de violencia. Esta indicación busca no solo proteger a los estudiantes y docentes, sino también garantizar que los recursos públicos se usen para quienes realmente valoran y respetan su entorno educativo. Este tipo de medidas refuerza nuestro compromiso con una educación de calidad y con el bienestar de toda la comunidad escolar.”
De esta forma, la diputada reafirmó su compromiso con la seguridad en los establecimientos y su disposición a defender la indicación en las siguientes etapas legislativas, haciendo un llamado a sus colegas y al Ejecutivo a priorizar el interés de la comunidad escolar y la efectiva convivencia dentro de las instituciones educativas.
Para cerrar, la legisladora cuestionó que al ejecutivo “le tiemble la mano” a la hora de defender la seguridad y el derecho a la educación que tienen los niños y adolescentes de Chile.
