- Durante el 2023 el Servicio MOP lleva 29 procesos de fiscalización. Mientras que el 2022 ejecutó 35 fiscalizaciones, cerrando 25 casos, de los cuales 20 resultaron con multas por 416,42 UTM.
Una de las facultades de la Dirección General de Aguas del MOP es ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público; impedir, denunciar o sancionar la afectación a la cantidad y la calidad de estas aguas; e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa de la DGA; al igual que evitar que se extraigan aguas de los mismos cauces y en los acuíferos sin contar con el derecho de aprovechamiento o en mayor cantidad al otorgado.
“Es importante como gobierno de Gabriel Boric profundizar en tareas que ya se vienen abordando como son el cuidado, resguardo y la sustentabilidad del recurso hídrico, la biodiversidad asociada y el protección de las personas. Nosotros somos impulsores de la actividad de la construcción, pero debemos hacerlo con responsabilidad y de una manera sustentable”, aseguró el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Patricio Sanhueza Ulloa.
Al respecto, Héctor Cortés Gaete, Director Regional de Aguas del MOP Aysén, señaló que desde enero 2023 a la fecha se han abierto 29 procesos de fiscalización, resolviendo hasta ahora 5 de esos casos y otros 10 pendientes del año pasado, aplicando un total de 6 multas que suman 107,62 UTM ($6.673.999). De ellos, 3 multas fueron por extracción no autorizada de áridos, 2 por obras no autorizadas y en un caso se combinaron las infracciones de modificación de cauce y extracción no autorizada de áridos.
“La Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente se ha desplegado investigando las denuncias recibidas, así como las fiscalizaciones de propia iniciativa de la DGA, a fin de ubicar a los eventuales infractores y que éstos rectifiquen el daño causado”, comentó Cortés. Agregó que durante el 2022 se investigaron 35 casos, de los cuales se resolvieron 25 y de ellos 20 resultaron con multas por 416,42 UTM ($25.466.997 aproximadamente).
Antecedentes de los casos
Este año, el primer caso correspondió a una denuncia realizada en agosto de 2022 relacionada con extracción no autorizada de áridos en el cauce del río Simpson, en la comuna de Coyhaique. El equipo fiscalizador constató la extracción no autorizada de áridos y, además, una modificación de cauce no autorizada con la construcción de un terraplén. El monto total de la multa ascendió a 47,62 UTM, aproximadamente $2.950.249.
Un segundo caso de extracción no autorizada de áridos se investigó a petición de la municipalidad de Aysén en el cauce del río Quetro, que concluyó con la aplicación al infractor de una multa de 15 UTM ($929.310 aproximadamente). Durante la fiscalización se constató que la empresa constructora realizaba la extracción mecanizada de áridos sin las autorizaciones correspondientes, produciendo pozones, reducción de la velocidad y enturbiamiento de las aguas. La empresa tuvo una autorización municipal hasta el 19 de enero de 2021 y al momento de la fiscalización, en agosto de 2022, ésta ya había expirado.
“No estamos en contra de esta actividad económica, que por lo demás es necesaria para la construcción, pero ésta debe realizarse apegada a la normativa vigente. Es decir, toda explotación de ripios y arenas en cauces naturales se debe efectuar con permiso municipal, previo informe técnico favorable de la Dirección de Obras Hidráulicas, válidamente emitido y vigente”, destacó Cortés.
Una tercera multa por 15 UTM ($929.310) se aplicó en función de una infracción por extracción no autorizada de áridos en el cauce del río Simpson en la comuna de Coyhaique. Tras una fiscalización de oficio, se constató la extracción mecanizada de áridos sobre un área de aproximadamente 450 metros cuadrados y transporte del material en camión tolva desde el cauce.
“Para el sector donde se constató la extracción de áridos, había un decreto del municipio de Coyhaique del 25 de junio de 2021 que autorizaba las faenas hasta el 20 de junio de 2022; sin embargo, el punto de extracción se ubicaba 550 metros aguas arriba del polígono autorizado. Entonces, al momento de la fiscalización, agosto de 2022, el titular no tenía el permiso de extracción vigente en el sector fiscalizado”, sostuvo el director regional de Aguas.
También se cursó una cuarta multa de 15 UTM ($929.310) por extracción no autorizada de áridos en el cauce del río Claro, comuna de Coyhaique. En el lugar se verificó la presencia de una excavadora y un camión tolva, acopios de material árido, pozones en el cauce y huella de maquinaria por un tramo de al menos 200 metros. Al operario del camión se le solicitó retirar la maquinaria dentro del cauce. Según los antecedentes proporcionados por la Tesorería General de la República, esta multa no ha sido objeto de pago aún.
El director regional de Aguas destacó que igualmente se investigó la autodenuncia de un particular que realizó una intervención de un arroyo en la comuna de Puerto Cisnes sin la autorización correspondiente. La fiscalización arrojó que el cambio de trazado del cauce comprometió un tramo aproximado de 15 metros de largo, el cual fue rellenado con material granular y restos de pavimento, instalación de una alcantarilla de acero corrugado, construcción de un canal artificial mediante el cual se derivan las aguas de dos cauces sin nombre a la alcantarilla, que porteaba las aguas. El fiscalizado reconoció la modificación del cauce y comprometió restituir las condiciones originales.
“La multa original era de 10 UTM, pero al tratarse de un procedimiento iniciado a través de una autodenuncia, la sanción se rebaja en un 50%, es decir, quedó en 5 UTM ($311.940 aproximadamente). Además, se le ordenó restituir el cauce al estado anterior a la intervención no autorizada o presentar el proyecto de modificación de cauce ante la DGA, velando por asegurar el libre escurrimiento de las aguas y que no se generen peligros a la vida o salud de los habitantes. Para ello se le dio un plazo de 90 días hábiles contados desde el 6 de abril de 2023 y deberá ceñirse a la guía metodológica para presentación y revisión técnica de proyectos de modificación de cauces naturales y artificiales de la DGA”, sostuvo.
Por último, Cortés indicó que se aplicó multa de 10 UTM ($623.880) a una particular que modificó el cauce del río Coyhaique, luego de constatar que ejecutó obras que desviaban aguas. Al mismo tiempo, se le ordenó restituir el cauce o presentar un proyecto que lo modifique para aprobación de la DGA.
En los últimos dos casos antes mencionados, deberá constatarse el oportuno y correcto cumplimiento de lo ordenado, enfatizó Cortés.
