El Gobierno dio a conocer nuevas medidas en Seguridad Ciudadana que entregan más recursos a Carabineros, Gendarmería y a la PDI, además de trabajo intersectorial con los Gobiernos Regionales y los municipios de todo el país, entre otras.
La vocera de Gobierno se refirió a la política sobre seguridad del Gobierno que –aseguró- tiene origen en el programa de campaña del Presidente Boric y que al asumir constataron que la realidad de Carabineros y las instituciones que persiguen el delito era más compleja de lo que pensaban.
«La delincuencia no es un tema nuevo para el Gobierno. El alto mando de Carabineros informó al Ministerio del Interior que al comenzar nuestro Gobierno el 50% de su dotación de vehículos estaban inutilizables, por eso el compromiso del Presidente Boric es renovar el 100% de ese 50%, pero eso no es todo. Hemos ido agilizando los proyectos de ley que estaban estancados en el Congreso, agradecemos también a los parlamentarios de nuestra región que han votado en sintonía con lo que la ciudadanía está pidiendo: mayor seguridad, porque este es un tema que nos compete a todos y a todas, no es un tema sólo del Gobierno, todos los actores sociales de la región y del país deben colaborar para que nuestro país recupere la seguridad, la confianza y el respeto por las instituciones y las autoridades, hoy más que nunca debemos estar unidos. Nuestra Agenda de Seguridad es una agenda de Derechos y el llamado es a salir de la disputa político-ideológica y de esta forma poder enfrentar la delincuencia y el crimen organizado con una democracia fortalecida».
Dentro de las nuevas medidas de Seguridad que ha generado el Gobierno se encuentra el trabajo que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha venido desarrollando desde enero en un plan focalizado de intervención en aquellas comunas que concentran los delitos violentos. El plan de intervención se realizará en 30 comunas del país, las cuales se seleccionaron por la cantidad de delitos violentos y homicidios que concentran. El plan piloto comenzará en la comuna de Santiago durante el mes de abril y en el resto de las comunas comenzará en mayo. Las comunas seleccionadas concentran un tercio de la población nacional y cerca del 50% de los delitos más violentos.
El plan considera estrategias de intervención específicas para cada territorio en base a sus lineamientos, en colaboración con Carabineros, PDI, Fiscalía, instituciones fiscalizadoras, municipalidades y otros órganos de gobierno, y además define una línea de base comuna por comuna y una evaluación mensual de resultados y avances.
La intervención se diseñó sobre la base de los factores que están presentes en los territorios donde existe mayor ocurrencia de delitos violentos, como la presencia de pandillas, crimen organizado y tráfico de drogas, impunidad penal (delitos graves donde no se han encontrado a los responsables o están fugados), tráfico y presencia de armas, deterioro o inexistencia de espacios públicos adecuados, además del consumo de alcohol y drogas en la vía pública. Dependiendo de la presencia de los factores anteriormente mencionados, se establecen cuatro áreas de medidas, las cuales se implementarán considerando los principales requerimientos: Persecución penal, Focalización de la persecución penal priorizada para esclarecer los homicidios y delitos asociados. Focos investigativos, especialmente donde hay tráfico de armas. Refuerzo del trabajo coordinado que se está realizando con Fiscalía y PDI. Apoyo de información y fiscalizadores SII/Aduanas. Capacitación a la Fiscalía y Policías en investigación de delitos de alta complejidad (homicidios con imputado desconocido).
Este Plan también contempla el reforzamiento de la actividad policial, a través de una focalización intensiva en la fiscalización de armas en sectores a intervenir, con el aumento de patrullajes, operativos masivos y puntos de control, controles de identidad, búsqueda de armas irregulares, empadronamiento y fiscalización de asuntos migratorios, órdenes de detención pendientes, prófugos, que contará con una dotación adicional en Carabineros para estas tareas y un programa especial de refuerzo de los equipamientos de protección. También incluye fiscalización de infracciones e incivilidades: fiscalización municipal de comercios regulares e irregulares; locales de venta de alcohol; fiscalización de salud (cocinerías), de Aduanas y SII (contrabando); fiscalización de inmuebles ocupadas de manera abusiva e ilegal.
Finalmente, se considera la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos con mayor presencia del Estado en Terreno con servicios sociales y trámites públicos de servicios como: Fosis, Registro Civil, Senadis, Senama, Sence, Sercotec, entre otros. Además de la recuperación de espacios públicos a través del mejoramiento de áreas verdes y espacios comunitarios con fondos Subdere, MINVU, Serviu, Municipios e inversiones relativas a prevención del delito como: cámaras de seguridad, luminarias, etc.
