El tribunal determinó que existen antecedentes suficientes para acreditar la presunta participación de Pérez en los hechos investigados, en los cuales la fundación suscribió convenios por un total de 426 millones de pesos.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta entregó este jueves los antecedentes que llevaron al desafuero de la diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación por su presunta participación en el caso Democracia Viva.
La decisión del tribunal permite que la parlamentaria sea formalmente investigada y procesada por delitos de fraude al fisco, vinculados a la asignación irregular de fondos públicos del Programa de Asentamientos Precarios (PAP).
Según el tribunal, los convenios suscritos con la fundación alcanzaron un total de 426 millones de pesos y habrían contado con la intervención de Pérez, quien mantenía vínculos con los imputados Daniel Andrade (su expareja y expresidente de la fundación) y Carlos Contreras (exseremi de Vivienda en Antofagasta).
Entre las acusaciones presentadas por el Ministerio Público se incluyen la facilitación de fondos a la fundación, infringiendo el principio de probidad administrativa; la manipulación de convenios para beneficiar a Democracia Viva, pese a que la entidad no contaba con experiencia para ejecutar los proyectos; el encubrimiento y la destrucción de evidencia tras la revelación del caso en la prensa; y la coordinación con los imputados para elaborar estrategias de defensa y ocultar los hechos.
La investigación cuenta con mensajes de WhatsApp, testimonios y documentos que, según la Fiscalía, demostrarían la participación de la diputada en la firma de los convenios y en posteriores intentos de encubrimiento.
La diputada negó las acusaciones y su defensa argumentó que no existen pruebas concluyentes que acrediten su rol como autora del delito. Además, señalaron que su vínculo con los imputados no implica necesariamente una intervención en la adjudicación de los convenios, que ha colaborado con la investigación y que la solicitud de desafuero se basa en especulaciones y una manipulación de su vida personal.
Pese a los argumentos de la defensa, la Corte de Apelaciones determinó que existen antecedentes suficientes para acreditar la presunta participación de Pérez en los hechos investigados.
“Existen antecedentes objetivos y precisos suficientes para dar lugar a la formación de causa. Los hechos referidos en la solicitud de desafuero tienen el carácter de los delitos que se imputan y concurren indicios que dotan de plausibilidad la existencia de los mismos, así como una potencial participación de la Diputada en los hechos que se investigan“, se detalló.
Con esta resolución, la diputada queda suspendida de su cargo y su caso pasará a la jurisdicción penal ordinaria, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.
Por Juan Andrés Galaz Pinto
Fuente: cnnchile.com
