Felipe Henríquez Raglianti.
Médico Veterinario, Ex Seremi de Agricultura
Existe un amplio consenso en la necesidad de generar un cambio constitucional, que permita corregir lo que se ha hecho mal y fomente que las cosas se hagan bien, dotando al estado de incentivos claros, pero también con efectivos mecanismos de control, que nos den suficientes garantías y certezas para poder desarrollar nuestros proyectos de vida individual, familiar y social. Esa es la esperanza que tiene la población chilena, una constitución mejor, que se haga cargo en especial de los temas más urgentes como seguridad, pensiones, sana economía para lograr buenos empleos y así avanzar a un desarrollo humano integral.
Lo cierto es que dado la ceguera ideológica que primó en la convención constitucional, se nos presenta una propuesta que, lejos de hacerse cargo de los temas que preocupan a los chilenos, pretende instalar un modelo de sociedad fragmentado, que desconoce nuestra historia, tradiciones, potencialidades y ventajas que posee nuestro país para seguir integrándose efectivamente en un tejido económico global. Si bien se reconoce que la propuesta posee imperativos ambientales, sociales y culturales, no equilibra adecuadamente estos aspectos con otros ámbitos como la unidad, igualdad ante la ley y desarrollo económico, todos los anteriores elementos fundamentales para el desarrollo local sostenible.
En Chile 263 comunas se clasifican como rurales (de un total de 346 comunas) y ellas contienen el 83% del territorio nacional. El 25% de la población nacional vive en la ruralidad y es allí donde además de resguardar nuestras tradiciones, nuestro folclore y donde el sector silvoagropecuario para la producción de alimentos y otros bienes de consumo se realiza como principal actividad económica. Se reconoce que el crecimiento económico del último tiempo no ha permitido generar desarrollo de forma equitativa en los distintos sectores rurales, muchos de ellos han quedado como sectores rezagados y ante ello es necesario profundizar la inversión pública, enfocar de mejor forma políticas públicas e incluso abordar el tema desde una perspectiva geopolítica, es ese parte del desafío y en ello también se cifraba esperanza en el nuevo texto constitucional, para lograr un desarrollo sustentable para nuestro medio rural. Sin embargo y lamentablemente, al revisar el texto nos damos cuenta de que también en materia de desarrollo rural es una mala propuesta.
Uno de los aspectos importantes que desde el medio rural, afecta a toda la comunidad nacional y nuestra base económica, es que la propuesta pone en riesgo la alimentación, que si bien la consagra como un derecho, la perjudica al generar incertidumbre en materia de acceso al agua y la tierra, ya sea por lo impreciso y poco definido en cuanto al funcionamiento de la agencia nacional del agua, como también en lo que dice relación a territorios ancestrales de pueblos originarios, que hoy aportando de forma importante en lo que dice a la producción de alimentos, eventualmente podrían salir de la matriz productiva. Aspectos relacionados con el manejo animal, al reconocerse los animales como seres sintientes y la interpretación que ello conlleva por parte de grupos de interés que pueden usar esto como un argumento y respaldo para dificultar los procesos y manejos productivos, la limitación de relaciones comerciales internacionales que pone en segundo plano a nuestros principales socios comerciales, la discriminación que se hará entre distintos tipos de productores, la marginación de las comunidades de aguas ya existentes y la discriminación entre chilenos comunes e indígenas, también pueden traer graves problemas de convivencia, pero también en seguridad alimentaria.
En cuanto a calidad de vida rural, al desconocer la diversidad de actores y sectores existentes, priorizar aspectos ecológicos por sobre los sociales y económicos, olvidando de esta forma el desafío del desarrollo sustentable, considerar lo rural como un paisaje estático, superponer las autonomías territoriales que pueden profundizar conflictos, limitar la innovación, investigación y emprendimiento, poner el foco en la pobreza y no en las oportunidades, entre otras materias que se desprenden e interpretan del texto, podemos decir que no la mejora, sino que contrariamente la podría precarizar.
Existe una serie de antecedentes adicionales que permiten sostener con respaldo que esta propuesta deja fuera la ruralidad, pues aunque atiende con mucho énfasis ciertos tipos de sistemas productivos y modos de vida, resta libertades para quienes de manera sustentable se inclinen por otro tipo de modelos, que ya operan con éxito en Chile y otros países del mundo.
Ante esto, los habitantes del mundo rural, los productores agrícolas, ganaderos y forestales, debemos poner especial atención y velar por una mejor alternativa, pues la puesta en marcha de esta mala propuesta constitucional podrá afectar de manera dramática nuestras posibilidades de desarrollo integral rural, local y nacional.
