Por Juan Pablo Avendaño
ingeniero agrónomo y vocero Chile es uno solo
Debo reconocer que nunca había escuchado hablar a Sandra Saavedra, quizás porque no tengo Tik Tok, o porque no soy muy asiduo a la TV. Pero debo reconocer que después de ver su intervención en el programa “Sin Filtros” el pasado 29 de julio, me representa totalmente.
Sandra es una mujer quillotana, que como muchas en Chile, trabaja esforzadamente para poder sacar adelante a su familia. Temporera, emprendedora, cuesta definirla. Y eso, en gran medida es porque está dispuesta a tomar y hacer cualquier trabajo con tal de ser alegre de la mejor forma posible, por ver feliz a su familia.
Es interesante la claridad e ímpetu con los que expone sus argumentos, en gran medida eso es porque nadie le ha regalado nada, todo lo que tiene se lo ha ganado con esfuerzo. Y por eso no busca privilegios, es afiliada a Fonasa y llega al hospital a las 4:00 horas para ser atendida. No le gusta, pero cree que será por poco tiempo, porque por su esfuerzo pronto logrará ser atendida en el sistema privado. Con la claridad que la caracteriza le dice al historiador Fabián Puelma que la derogación de los derechos de agua pone en jaque a la agricultura chilena, a lo que el aludido responde que “no se van a acabar los derecho de agua, solo se cambian por autorizaciones».
Cuesta creer que alguien crea que una autorización sea lo mismo que un derecho. Por definición, las autorizaciones son “individualizadas” y, por tanto, no son necesariamente transferibles. En el caso del agua, quien quiera comprar un campo, no estará necesariamente calificado para que se le otorgue una autorización, por lo que de aprobarse la propuesta constitucional, existirán dos efectos inmediatos en todas las personas que posean terrenos en zonas no urbanas: 1) Baja en el precio de su activo 2) Expoliación de los derechos de agua. ¿Qué es la expoliación? La «apropiación de algo que pertenece a otra persona de forma injusta y sin pago por ella». ¿Por qué? Porque estos derechos que están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR), y por cada uno de los accionistas de las juntas de vigilancia de las 101 cuencas que tenemos en Chile, perderán la posibilidad de utilizar un activo que dejará de ser de ellos.
Hace poco vi a un representante del departamento de agricultura de Australia (uno de los países más secos del mundo), dijo que en este territorio los derechos de agua eran bienes transables y comercializables. De la misma forma, un representante de “Israel economic Mission to Chile” dijo que en Israel el agua es un bien económico que está dirigido por una institucionalidad técnica que no varía con los cambios políticos.
Dos de los países más secos del mundo y más avanzados en agricultura a nivel mundial ya saben lo que hay que hacer. En cambio en Chile, queremos que la dirección de las cuencas sea una entidad pública que se reporte al gobernador (político) y que no exista la posibilidad de que los derechos sean transables.
¿Cómo se financian los pequeños agricultores (93% del total de los que hay en Chile), que usan este activo de forma hipotecaria?, cómo hacemos para que la agricultura siga en marcha si no sabemos si podremos o no regar?, ¿qué pasa con las Sandras de todo el país?
No creo en la propuesta de la nueva Constitución que se vota el 4 de septiembre, porque no tiene fundamento. Por eso, yo rechazo.
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