Como pasos concretos en materia de seguridad pública, calificaron autoridades regionales los cinco proyectos de ley aprobados por la Cámara de Diputados y que continúan su trámite legislativo en el Senado, entre los cuales destaca el que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, que se despachó a ley.
Se trata de los proyectos que aumentan las penas en los delitos de secuestro, el de porte de armas en lugares altamente concurridos, el que establece sanciones a quienes cometan sicariato, el que refuerza Gendarmería y crea el delito de extorsión y el que amplía facultades policiales con quienes no puedan acreditar situación migratoria.
El Delegado Presidencial Regional (s), Samuel Navarro, destacó estas medidas como también la coordinación que se realiza en Aysén a través del Comité Policial, encabezado por la delegación e integrado por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
«En forma permanente y periódica, nos estamos reuniendo con las policías para ver el estado de la situación, sobre todo del orden público, detenciones, los controles policiales, las salidas e ingresos de la región, los decomisos de drogas, los allanamientos. Nos parece que esta labor es fundamental seguirla haciendo en forma permanente, en forma regular y periódica. Comparativamente con años normales, hemos tenido una situación dentro de un rango y queremos reforzar eso, porque nuestra idea es tratar de disminuir los hechos de connotación social que afectan la tranquilidad de la población», expresó.
En la misma línea, la semana pasada se realizó en la Delegación Presidencial Regional una reunión con el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, René Alinco.
«El afán nuestro es ayudar a coordinar el trabajo con las diferentes instituciones para combatir entre todos el crimen organizado y todo tipo de delitos. La intención nuestra es apoyar el trabajo legislativo sobre este tema de la delincuencia y seguridad y aportar con nuevos proyectos de ley donde estos vacíos existan. Estamos teniendo un ciclo de reuniones con el presidente de la Corte de Apelaciones, el Fiscal Regional, Aduanas, Aeronáutica y ahora acá, para cooperar y combatir la delincuencia venga de donde venga, esa es nuestra tarea», señaló.
La vocera de Gobierno, Tatiana Plá, valoró estas instancias de trabajo mancomunado. «Para poder trabajar en conjunto y adelantarnos a ciertos hechos. Esta instancia es una de las muchas que nuestro gobierno acoge con diálogo y disposición para ir mejorando las distintas instancias para ir contra el crimen organizado. Es primera vez que nuestro país tiene una ley que va contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, las que se han ido robusteciendo y fortaleciendo», afirmó.
Proyectos de ley
El aumento de penas al delito de secuestro incrementa la sanción por un tiempo mayor de retención de la víctima; mientras que la otra impone un rango más estrecho de pena máxima frente a secuestros que presenten paralelamente consecuencias como la muerte del afectado/a. Hoy, se castiga con presidio mayor en su grado mínimo a medio (de 5 años y un día a 15 años) a quien retenga a una persona para obtener un rescate, imponer exigencias o arrancar decisiones. Con este proyecto, la misma pena se aplicará cuando el encierro o detención se prolongue por más de 48 horas.
En el caso del incremento de las penas por porte de armas en lugares altamente concurridos modifica la Ley sobre Control de Armas, contrarrestando la tendencia de casos en que se usan armas de fuego o se provocan balaceras en lugares altamente concurridos. En concreto, dispone que la pena del porte de armas de fuego y sus partes, dispositivos y piezas, realizada sin la correspondiente autorización (que actualmente parte en 3 años y un día), ahora partirá en 4 años y un día.
La iniciativa de Sanción al Sicariato, castiga la conspiración de homicidio calificado por premio o promesa, la legislación establece que conspiración es el concierto de dos o más personas para ejecutar un delito por lo que cuando dos o más personas se pongan de acuerdo para que una de ellas mate a otra a cambio de dinero o una contraprestación, se lo castigará por este delito, independiente de si el asesinato finalmente se realiza, cabe consignar que la pena asignada a este delito será de 3 años y un día a 5 años por el solo hecho de llegar a este acuerdo (conspiración).
El Control policial a migrantes amplía facultades de control policial en materia de migraciones. El proyecto establece que si en el marco de un control de identidad realizado por Carabineros a un extranjero, éste no puede acreditar su situación migratoria regular en el país, debe ser puesto a disposición de la PDI, no más allá de una hora desde su detención. Esto implica que la PDI deberá corroborar su situación migratoria irregular e iniciar los procedimientos que correspondan, como comenzar el proceso de expulsión administrativa. Si el extranjero tuviere notificaciones pendientes relacionadas a procedimientos de expulsión u otros de la ley de migración, se le deberá notificar inmediatamente.
En el caso de Gendarmería y Extorsiones, el proyecto permite a Gendarmería ser una entidad auxiliar en realización de diligencias de investigación al interior de establecimientos penales sobre hechos que se relacionen con actividades ilícitas que ocurran, aun parcialmente, en las cárceles. De este modo, el Ministerio Público podría impartir instrucciones a Gendarmería, sobre hechos que se relacionen con actividades ilícitas que ocurran, aun parcialmente, al interior de los establecimientos penales.
En materia de extorsiones se busca sancionar con penas similares al robo a quienes en recintos penitenciarios obliguen a otros con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o dinero, o a ejecutar una acción para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero u omitir o tolerar cualquier otra acción signifique daño patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero.
