Por Marcelo Santana Vargas
Gobernador Regional de Aysén
Hace pocos días leí en El Mercurio una columna del Gerente General de Cooke Chile, Andrés Parodi, titulada «La ética de la SMA». En ella, con un ejemplo propio, expuso una eventual conducta obstruccionista de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) respecto a un proyecto de inversión para la producción de salmón orgánico, impulsado por una empresa canadiense reconocida por su compromiso con el medio ambiente.
Resulta incomprensible que, aun cuando existe consenso sobre la necesidad que Chile crezca, que las regiones lideren su propio desarrollo y que se fomente la inversión para generar empleo y dinamizar la economía, nos encontremos con la realidad que proyectos con todos sus permisos en regla sean rechazados por visiones ideológicas que poco aportan a la reactivación económica del país.
La SMA cumple un rol fundamental en la fiscalización de la normativa ambiental. Su labor incluye el seguimiento y control de proyectos que afectan la calidad del aire, el agua y el ruido, además de la supervisión del cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Respetando estos objetivos, quiero reiterar lo que he manifestado en otras ocasiones: no buscamos depredación en la industria del salmón, sino un estándar claro que brinde certezas a los inversionistas y garantice un equilibrio entre desarrollo y protección ambiental. En otras palabras, se requieren reglas del juego bien definidas para evitar que las empresas se enfrenten, al final del proceso, con trabas inesperadas que frenen iniciativas serias y comprometidas con el desarrollo de las regiones.
La SMA cumple un rol fundamental en la fiscalización de la normativa ambiental. Su labor incluye el seguimiento y control de proyectos que afectan la calidad del aire, el agua y el ruido, además de la supervisión del cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Respetando estos objetivos, quiero reiterar lo que he manifestado en otras ocasiones: creo con fundamentos que no se busca la depredación en la industria del salmón, sino un estándar claro que brinde certezas a los inversionistas y garantice un equilibrio entre desarrollo y protección ambiental. En otras palabras, se requieren reglas del juego bien definidas para evitar que las empresas se enfrenten, al final del proceso, con trabas inesperadas que frenen iniciativas serias y comprometidas con el desarrollo de las regiones.
Podríamos debatir sobre la claridad de la legislación o sobre el impacto de ciertos proyectos en las comunidades. También podríamos cuestionar si los emplazamientos de las iniciativas son siempre los más adecuados. Sin embargo, lo que resulta innegable es que, aún cuando un proyecto cumple con todos los requisitos legales, los criterios aplicados para su evaluación no siempre son claros y transparentes, especialmente en regiones donde atraer inversión ya es un desafío debido a los altos costos básicos.
Como Gobernador Regional, cuando recorro la región—una de las tres regiones más grandes del país, con 109 mil kilómetros cuadrados—, los habitantes expresan una demanda clara: trabajo para sus familias y la llegada de empresas y oportunidades en sus comunas. Para que esto sea posible, el Estado debe actuar dentro del marco de la ley y evitar decisiones que, bajo criterios poco claros, terminan desincentivando la inversión privada en las regiones.
Mi llamado es a adoptar una mirada distinta hacia la realidad de las regiones. Nuestra realidad no es la misma que la de Santiago ni la de otras zonas no aisladas del país. Apelamos a la aplicación de criterios diferenciados o, al menos, a la existencia de reglas claras que permitan a nuestra región crecer económica y socialmente, sin descuidar el respeto y cuidado por el medio ambiente.
