- Las inspecciones ambientales, que se realizaron en una primera etapa en las regiones de Ñuble, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes, buscan abordar el riesgo ambiental que genera esta actividad, además de dar respuesta a la gran cantidad de denuncias que recibe la SMA por este tema.
En el marco de la Estrategia de Fiscalización de Áridos que se comenzó a desarrollar a fines de 2023, durante el primer cuatrimestre de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó una serie de inspecciones ambientales a titulares de proyectos de extracción de áridos de distintas regiones del centro y sur del país. En específico, las actividades de fiscalización se llevaron a cabo en las regiones de Ñuble, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes.
La Estrategia de Fiscalización de Áridos de la SMA tiene como objetivo abordar y gestionar el riesgo ambiental que genera esta actividad y, así, dar respuesta a la gran cantidad de denuncias recibidas. Esto, considerando que se trata de un sector especialmente complejo, dado que existe un gran número de extracciones que se encuentra fuera de la institucionalidad ambiental; sus intervenciones se caracterizan por la rapidez de las mismas; y por la afectación que generan a componentes del suelo, biodiversidad y/o salud de las personas (ruido y material particulado).
Dentro de esta estrategia -que contempla una priorización por riesgo o afectación ambiental- se ha establecido una coordinación con distintos organismos sectoriales, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y el Ministerio Público.
La Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que la fiscalización a proyectos vinculados a la extracción de áridos «es una materia que el organismo está priorizando, dado el impacto ambiental que genera la actividad y las dificultades que la caracterizan». En esta línea, sostuvo que «esto implica no solo establecer una priorización por riesgo o afectación, sino, también, fortalecer el trabajo de coordinación con los organismos sectoriales a nivel regional y con el Ministerio Público, con el objetivo de optimizar todas las herramientas disponibles a fin de dar una respuesta rápida y efectiva».
Por otra parte, la jefa de la División de Fiscalización de la SMA, Claudia Pastore, explicó que «la Estrategia de Áridos va acompañada de un fortalecimiento respecto de la calidad y de cómo se fiscaliza. Un ejemplo de ello es el uso significativo de herramientas digitales para la mejor identificación del impacto de la actividad». En tanto, el jefe regional de Ñuble, Cristian Lineros, agregó que «los lineamientos de la estrategia son expresión de la experiencia y conocimiento que la SMA ha adquirido en esta materia en los últimos años».
Actividades de fiscalización
Región de Aysén: La primera actividad de fiscalización se realizó el 21 de marzo al proyecto de «Extracción Áridos Finlez Aysén», ubicado en Ruta 240, km 18 (único pozo de extracción que cuenta con RCA en la región), en conjunto con funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La fiscalización consideró como aspectos ambientalmente relevantes la infraestructura construida (oficina y baño para personal, estacionamientos, área de pesaje de camiones); la habilitación de la vía de acceso desde la ruta 240; la construcción de bodega de residuos peligrosos; áreas de acopio material de rechazo y área de extracción.
Región de Ñuble: El 22 de marzo se concretó una inspección en la unidad fiscalizable «Extracción Mecanizada de Áridos Laja», ubicada en la comuna de Yungay, que consiste en la extracción de áridos desde un pozo lastre (se mantiene en operación desde agosto del año 2000). Las materias fiscalizadas -junto a la Dirección General de Aguas y Vialidad Regional- fueron relativas a las áreas y condiciones de extracción, ruidos y al estado de restauración del cauce. Además, se realizó una revisión mediante un drone en toda la zona de extracción y en el Río Laja, con el fin de constatar las condiciones actuales del área de influencia.
Región de Magallanes: El 27 de marzo se fiscalizó el proyecto «Pozo Emprestito Zúñiga», ubicado en la Ruta 9 Norte, km 251, comuna de Natales, cuyo titular es la empresa Serviaustral Ltda. Durante la inspección se constató la operación del proyecto, reposición de áreas intervenidas, manejo de piscinas de sedimentación, y manejo de emisiones atmosféricas. La fiscalización ambiental se desarrolló en conjunto con la DGA y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).
Región del Biobío: El 3 de abril se fiscalizó el proyecto «Cantera Fundo Palco Chuponal», emplazado en la comuna de Coronel, en conjunto con la Dirección de Vialidad y Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). En la inspección se verificó el método de explotación, sistema de aguas lluvias, intervención a cuerpos de agua y manejo forestal de la empresa -este último en el marco de una denuncia ciudadana. Junto a lo anterior, se recorrió por el área de procesamiento y de la cantera.
Región de Los Ríos: El 17 de abril se fiscalizó en conjunto con Vialidad, Conadi, y el SAG, el proyecto «Aumento de Extracción y Procesamiento Pozo Vega Tercera Forestal Arauco S.A.», ubicado en la comuna de La Unión. Este proyecto realiza una extracción de áridos provenientes de un pozo lastrero, identificado como Pozo Vega Tercera, ubicado en predios forestales. Respecto a las materias revisadas, se encuentra el estado del proyecto, manejo de emisiones acústicas, ejecución de plan de acción a vecinos, medidas para el control del tránsito vehicular, ejecución de compromisos para fauna silvestre, y medidas de contingencia para erosión.
Últimos Procedimientos Sancionatorios
Además de la Estrategia de Áridos, durante 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado una serie de procedimientos sancionatorios relacionados a este rubro. Entre ellos se encuentra el caso de Inversiones León Zavala Limitada, titular del proyecto «Cantera Fundo El Pellín Áridos León Zavala», ubicado en la comuna de Penco, Región del Biobío.
Por este caso, la SMA recibió cinco denuncias relacionadas a la extracción de áridos sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, y por afectación a la flora y fauna de la zona (monitos del monte, tala de queules, entre otras especies). Dentro de las actividades de fiscalización se pudo constatar que el titular se encontraba ejecutando el proyecto con más de 100.000 m3 totales de material removido durante su vida útil, en una superficie superior a 5 hectáreas, que generaba efectos previstos en el artículo 11 de la Ley N°19.300 (sobre las Bases Generales del Medio Ambiente), sin contar con el permiso ambiental respectivo. A raíz de estos antecedentes, en 2023 la Superintendencia formuló un cargo contra la empresa que fue clasificado como gravísimo. Actualmente, el titular se encuentra con un Programa de Cumplimiento en ejecución.
Por otra parte, en marzo de 2023 se formularon cargos a la Minera Júpiter Primera, ubicada en la comuna de Maipú, debido a la ejecución de un proyecto de extracción de áridos -con un total de más de 100 mil metros cúbicos de material removido en un pozo lastrero- al interior del fundo La Rinconada de Lo Espejo, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental.
Además, en agosto de 2023 se inició un procedimiento sancionatorio contra Canteras Chacabuco -con la formulación de un cargo grave y uno leve- por incumplimientos a su permiso ambiental, relacionados con las medidas de control para el manejo de emisiones de material particulado que le fueron exigidas para su fase de operación.
En tanto, en enero de 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó con una multa de 618 Unidades Tributarias Anuales (UTA) -equivalentes a más de $477 millones- a la empresa Transportes Terranova SPA, titular del proyecto «Extracción de Áridos Terranova», ubicado en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía. La configuración de la infracción fue clasificada como grave, luego de que se constatara una extracción de áridos sin contar con la RCA requerida para este tipo de proyectos.
Durante esta investigación se pudo verificar la ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos que superaba los diez mil metros cúbicos de material removido en el mes de noviembre de 2018; y que superaba los cien mil metros cúbicos totales de material removido durante la vida útil del proyecto (2018-2019), sin contar con una RCA que lo autorice.