En prisión preventiva quedaron todos los integrantes de una banda criminal que operaba al interior del campamento Génesis, en la comuna de Antofagasta.
El Ministerio Público los formalizó por dos delitos de homicidio, cuatro por homicidio frustrado, dos delitos de secuestro, además de tráfico de drogas, porte e armas y municiones. También fueron imputados por los delitos de lesiones graves y amenazas.
En la audiencia, el fiscal regional Juan Castro expuso que la estructura de esta banda, que operaba de manera organizada y jerarquizada, era dirigida por el imputado Javier Valencia, apodado «Zeus», y su principal propósito era lograr el enriquecimiento de sus integrantes a través del tráfico de drogas al interior del campamento Génesis II y otros cercanos.
«Zeus» fue de detenido el 20 de abril pasado por Carabineros tras disparar contra dos personas, una de las cuales falleció. Dos días después, la PDI logró la aprehensión de otro de los integrantes, Oscar Camacho, alías «Esquema», mientras que el grueso de la banda fue capturado por la misma PDI en un amplio operativo policial realizado la madrugada del 7 de mayo al interior del campamento Génesis II.
Durante la audiencia, que por motivos de seguridad se desarrolló de manera telemática, el fiscal Castro dio cuenta de una peligrosa organización criminal, integrada por diez ciudadanos colombianos, más otros sujetos que aún no son detenidos, que operaba en dicho campamento, a lo menos, desde el segundo semestre de 2019, dedicándose a diversos ilícitos.
De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, la banda tenía una clara estructura jerárquica: «El líder de la organización es quien encomienda e instruye a sus brazos operativos y armados a fin de que estos ejecuten diversas misiones destinadas a mantener el control territorial, principalmente del campamento Génesis II, misiones que deben ser cumplidas a cabalidad por parte de los sujetos que son considerados soldados».
«Esta asociación utiliza técnicas con violencia desmedida a fin de mantener el temor sobre el resto de personas que no son parte de la referida estructura criminal», edetalló el persecutor.
A la cabeza de la organización inicialmente estaba Zeus, pero tras su detención, dicho liderazgo recayó en Cristóbal Arroyo, alías «Raspao», detenido en la operación policial realizada el martes 7 de mayo y suegro de «Zeus», agregó Castro.
SUBÍAN VIDEOS DE SUS CRÍMENES A FACEBOOK
Para conseguir la ganancia económica, la organización se había apoderado del control total del campamento Génesis II y cualquier atisbo de oposición a su actuar daba lugar a violentas reacciones.
Ante el tribunal, el Fiscal Regional relató episodios de gran crueldad, como el secuestro y tortura de dos personas por diferencias económicas derivadas de la venta de drogas en el lugar.
Tales actos eran grabados y subidos a Facebook de Valencia, bajo un perfil falso, con la finalidad de amedrentar a la comunidad del campamento y evitar cualquier oposición.
Además, se describió la existencia de una casa de torturas conocida como «el picadero», donde se encontraron lo que parecen ser restos biológicos humanos consistentes en manchas pardo rojizas, las cuales están en análisis.
La detención de «Zeus» se concretó el 20 de abril. En esa oportunidad, el imputado hizo ingreso a un domicilio disparando contra una víctima que falleció y posteriormente contra un conductor que circulaba por el lugar, causándole heridas graves, siendo capturado a los pocos minutos por Carabineros.
CONTROL TOTAL EN CAMPAMENTO DE ANTOFAGASTA
El fiscal resaltó el dominio total que la organización había logrado al interior del campamento, incluso al extremo de cobrar por el acceso a suministros básicos como agua y luz, como también el arriendo de viviendas y la extorsión de la población residente.
Atendida la gravedad y reiteración de los delitos imputados a la banda, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos sus integrantes por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, petición fue acogida por el Juzgado de Garantía de la ciudad.
«Esta es una pesquisa que se inicia a mediados del año pasado y donde se logra avanzar rápidamente gracias al cruce de la información que teníamos y la coordinación alcanzada con las brigadas de la PDI, sumado al uso de distintas técnicas especiales de investigación de la Ley 20.000», destacó el fiscal.
El Juzgado de Garantía fijó un plazo de investigación de 120 días, periodo en el cual la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja seguirá desarrollando diligencias.
