- “El total de derechos de agua alcanza los 267 en la región de Aysén. De ellos, los recursos en materia de caudal consultivo superan los 161 L/S y en caudal no consultivo es 1.534 L/S, por lo tanto afecto a cobro son $13.923 millones. Estos recursos son distribuidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional (65%); las Municipalidades, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10%), y los fondos fiscales generales (25%)”, destacó Héctor Cortés Gaete, director de la Dirección General de Aguas del MOP en la región de Aysén.
Recientemente se publicó en el Diario Oficial la resolución que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no contar con las obras de aprovechamiento para el uso de las aguas, informó el Director Regional de la Dirección General de Aguas del MOP en la región de Aysén, Héctor Cortés Gaete.
“La patente por no uso se determina en base a la inexistencia de obras asociadas al uso del agua o a aquellas obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad del caudal otorgado en el derecho de aprovechamiento de aguas, aplicándose a aquellos derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares no han construido las obras necesarias para la captación y conducción de las mismas. Es decir, que no utilizan o utilizan parcialmente los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados”, agregó la autoridad de la dirección general de Aguas MOP en Aysén.
A nivel país, son 5.864 derechos de aprovechamiento de aguas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce), que en forma conjunta deberán cancelar aproximadamente 157 mil 734 millones de pesos. Del total, los derechos consuntivos corresponden a 567.119 litros por segundo, mientras que los derechos no consuntivos representan mayores caudales con 22.336.558 litros por segundo.
“Más allá de la recaudación monetaria, como ciudadanos no debemos olvidar que el objetivo de esta patente es que las personas hagan uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, que renuncien a ese derecho que no utilizan, a fin de que retorne al Estado para eventualmente disponer de él y otorgarlo con prioridad para consumo humano, establecer una reserva sobre dichas aguas o incluso volver a otorgarlo”, explicó Jessica López, ministra de Obras Públicas.
Para todos estos efectos debe recordarse que la obligación de incorporar un derecho de aprovechamiento de aguas en la resolución que fija este listado, recae en la Dirección General de Aguas, y ante cualquier cambio o actualización de la situación constatada, es el propio titular del derecho quien debe recurrir mediante un recurso de reconsideración contemplado en el artículo 136 del Código de Aguas, cuyo plazo este año vence el 26 de febrero.
Al respecto, la autoridad regional de Aguas MOP señaló que “este es un proceso en donde todos los años se hace una revisión de los derechos de aprovechamiento constituidos y se contrasta con el uso de los derechos de aprovechamiento en las actividades en las que los titulares declararon que lo hacen, y se realizan visitas a terreno para revisar cada una de las solicitudes y verificar el uso de las aguas, y a partir de ello, se elabora un listado de derechos de aprovechamiento de aguas que han sido observados que no están en uso y se publica en el Diario Oficial para mantener informada a la comunidad. A contar de esa fecha de publicación las personas tienen un plazo de 30 días para presentar recursos de reconsideración y/o efectuar observaciones”.
En la región de Aysén, las cifras son relevantes en relación al pago de patentes. “El total de derechos de agua alcanza los 267. De ellos, los recursos en materia de caudal consultivo superan los 161 L/S y en caudal no consultivo es 1,5 L/S por lo tanto, afecto a cobro son $13.923 millones. El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el Fisco, los que posteriormente son distribuidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada Gobierno Regional (65%); las Municipalidades, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10%), y los fondos Fiscales generales (25%). El pago debe hacerse ante la Tesorería General de la República durante el mes de marzo y en caso de no pagar la patente, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría derivar en el remate del derecho”, aseguró Héctor Cortés Gaete.
