El Gobierno decidió poner suma urgencia a la modernización de la Ley 20.720, que permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación.
A ocho años de entrada en vigencia de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, N.º 20.720, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) da a conocer las estadísticas de los Procedimientos Concursales.
Datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que, entre octubre de 2014 y el 31 de septiembre de 2022, se han realizado más de 192 mil atenciones ciudadanas y se han iniciado más de 38 mil procedimientos a nivel país. En total se registran 6.768 (18%) Renegociaciones de Personas Deudores y 31.635 (82%) procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 22.159 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 357 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y a 9.119 a Liquidaciones de Empresas.
En la región de Aysén, 87 personas deudoras han renegociado sus deudas, mientras que 163 empresas se han beneficiado de alguno de los procedimientos concursales de la Ley 20.720.
Personas Sobreendeudadas
Respecto a las 6.768 Renegociaciones, el 44% corresponde a RM y el 56% a las otras regiones. Entre ellas, la región de Aysén aporta con un poco más del 1,2%.
En ese contexto, es que la Seremi de Economía Rosa Machacán se ha propuesto dar a conocer este servicio, para que pueda alcanzar a personas o empresas que se encuentran en problema de deudas y pagos, invitando a quienes necesiten de la orientación y apoyo de la Superintendencia, a concurrir a oficinas ubicadas en calle 21 de mayo 885 en Coyhaique, donde podrán ser atendidos por una profesional de la Superintendencia de Insolvencia.
La renegociación favorece al deudor y a sus acreedores, porque se pacta un nuevo calendario de pago, que permite al deudor cumplir sus compromisos de acuerdo a sus reales capacidades económicas, evitando el eventual embargo de bienes y, en la mayoría de las ocasiones, el pago de nuevos intereses. Además, se trata de un procedimiento de rápida tramitación que, en promedio, no dura más de 70 días hábiles y que tiene un 92% de efectividad, pues en ese porcentaje de casos los deudores han logrado llegar a acuerdo con sus acreedores.
Finalmente, la seremi Rosa Machacán indicó que estima que durante 2023 habrá cambios en la normativa, ya que el Gobierno decidió poner suma urgencia a la iniciativa de la modernización de la Ley 20.720, que permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación.
